Aprobada la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica.

Esta semana se ha aprobado la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica

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Objetivos.

La Ley de Industria y Autonomía Estratégica tiene como objetivo impulsar una nueva estrategia industrial para incrementar el peso de la industria en la economía española y el empleo, mejorar su competitividad y resiliencia y hacer posible su contribución a los objetivos de descarbonización de la economía y de transformación digital.

La nueva ley también cuenta con los objetivos de garantía y protección de la libertad de establecimiento de empresas industriales, la protección de la libre circulación de productos industriales, la garantía de la unidad de mercado y la coordinación administrativa, la promoción y control de la seguridad y calidad industriales y la regulación del régimen general de responsabilidad de la actividad industrial.

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Con la estrategia industrial europea.

Esta nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica incorpora nuevos propósitos alineados con la estrategia de la industria europea:

La planificación y promoción de una mayor autonomía estratégica, resiliencia, salvaguardia y crecimiento de la base industrial.
El fomento del talento y la cultura industrial, la protección de la propiedad industrial y su uso estratégico, la adopción de tecnología e innovación (incluyendo tecnologías limpias).
El impulso de ecosistemas, proyectos tractores y estratégicos.
El crecimiento y la internacionalización de la empresa industrial.
El fomento de un entorno favorable al desarrollo de empresas industriales y a su adaptación a los cambios estructurales, especialmente en las pymes.
El fortalecimiento institucional y el impulso de la participación de los agentes sociales, el diálogo social y la negociación colectiva.
La transformación digital del sector industrial, incluyendo a los servicios, infraestructuras y otras actividades relacionadas.
La transformación hacia una industria de cero emisiones netas de aquí a 2050, compatibilizando la actividad industrial con la protección del medio ambiente, la transición energética y la descarbonización de la economía.

Instrumentos de política y gobernanza industrial.

El proceso de transformación y reindustrialización se realizará con instrumentos de política y gobernanza industrial.

La Conferencia Sectorial de Industria y PYME es el órgano de cooperación entre la AGE y las CCAA en los ámbitos regulados en esta ley.

Se crea el Consejo Estatal de Política Industrial (CEPI) como órgano consultivo, que coordinará las acciones de la AGE en el desarrollo del PIAE (consulta más).

Para proteger la actividad industrial existente actualmente, desde el ministerio aseguran que la nueva norma contempla que aquellas empresas que hayan recibido subvenciones públicas superiores a tres millones de euros en los últimos cinco años tengan que mantener su actividad y el empleo durante el periodo que establece la ley.

Autonomía Estratégica.

La norma recoge también nuevos instrumentos para asegurar la capacidad de producción propia en productos y bienes de primera necesidad y, por tanto, críticos y estratégicos, en especial en situaciones de crisis como fue la pandemia.

Por todo lo anterior, se crea la Reserva Estratégica de las Capacidades Nacionales de Producción Industrial (RECAPI), susceptible de movilizarse con rapidez ante una situación de crisis. Se trata de un mecanismo que definirá un catálogo de productos y capacidades industriales e identificará a aquellas empresas que puedan producirlos, establecerá acuerdos con ellas, de manera que, ante una situación de crisis, puedan movilizar sus capacidades de producción para satisfacer necesidades básicas.

Infracciones y sanciones.

Por último, se establece el plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta ley será de cinco años para las muy graves, tres para las graves y uno para las leves. Los importes de las sanciones se mantienen: