Se ha aprobado el anteproyecto de La Ley de Digitalización y Modernización del sector Financiero con el foco en ciberresiliencia
Anteproyecto de Ley de Digitalización y Modernización del Sector Financiero.
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El Anteproyecto de Ley.
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Digitalización y Modernización del Sector Financiero. Este anteproyecto se presenta acompañado de dos Reales Decretos que completan un paquete regulatorio diseñado para fortalecer la digitalización y la competitividad del sector, manteniendo la estabilidad y la confianza en el sistema financiero, detalla el comunicado.
El texto incorpora directivas y reglamentos europeos con el objetivo de fomentar la competencia, mitigar los riesgos asociados a las nuevas tecnologías y aprovechar su potencial transformador. Para su elaboración, se ha contado con la participación del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, así como otros organismos clave (AEPD).
¿Qué es la ciberresiliencia?
La ciberresiliencia, también llamada resiliencia cibernética, es la capacidad de un sistema u organización para resistir y/o recuperarse ante ataques o incidentes cibernéticos. De este modo, una organización ciberresiliente trabaja en pos de proteger sus activos digitales y la continuidad de sus sistemas frente a ciberataques o desastres tecnológicos.
Entre las prioridades de esta nueva regulación destaca la ciberresiliencia como elemento esencial para el desarrollo tecnológico del sector. En este sentido, el anteproyecto implementa el régimen sancionador para incumplimientos del Reglamento europeo de resiliencia operativa (DORA) y amplía las obligaciones de ciberresiliencia a operadores de sistemas de pago y procesadores de pagos, que, aunque no están incluidos en DORA, serán regulados en España para garantizar un sistema de pagos robusto y seguro.
El Reglamento DORA fue aprobado por el Parlamento Europeo el 14 de diciembre de 2022. Entró en vigor el 17 de enero de 2023, pero las entidades financieras tendrán hasta el 17 de enero de 2025 para cumplir completamente con sus requisitos.
Criptoactivos.
Otro de los pilares de la nueva normativa es el tratamiento de los criptoactivos. El anteproyecto adapta la legislación española al Reglamento MiCA, actualizando las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para incluir a los proveedores de servicios de criptoactivos. Además, se establece un periodo transitorio hasta finales de 2025 para que las entidades puedan seguir operando mientras se regularizan bajo el nuevo marco legal.
La tecnología de registros distribuidos (DLT, por sus siglas en inglés) también encuentra su espacio en la normativa. Uno de los Reales Decretos habilitará el uso de esta tecnología para representar instrumentos financieros tradicionales, como acciones y bonos, mejorando la eficiencia en los mercados de capitales y fomentando la adopción de tecnologías emergentes.
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Consolidación del sandbox.
El sandbox financiero, que en sus cuatro años de funcionamiento se ha consolidado como una herramienta clave para la innovación tecnológica y jurídica, será modernizado para facilitar el acceso de los promotores de proyectos. A partir de ahora, las solicitudes podrán presentarse en cualquier momento del año, y el proceso será más flexible gracias a la simplificación de trámites administrativos, el uso de declaraciones responsables y un régimen de garantías menos restrictivo. Asimismo, se incentivará una mayor interacción entre promotores y supervisores y se impulsará la visibilidad de proyectos mediante convocatorias temáticas.
En el ámbito de los servicios de pago, el anteproyecto adapta la normativa española al Reglamento europeo de pagos instantáneos, permitiendo que nuevos actores, como las entidades de pago y de dinero electrónico, puedan participar directamente en sistemas de pagos como Iberpay.
Por último, incorpora disposiciones para la creación del Punto de Acceso Único Europeo (PAUE), un repositorio que centralizará información financiera y no financiera en un formato estandarizado, digital y accesible.

Fuente: Consejo de Ministros
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